Los delitos por los que se acusa a Jair Bolsonaro se dieron en sus redes sociales en el mes de junio del año 2021 Un informe de la Policía Federal (PF) considera que las declaraciones de Jair Bolsonaro, retransmitidas en video, sobre una supuesta relación entre la vacuna contra el covid-19 y el riesgo de contraer VIH podría clasificarse como un delito menor de «provocar alarma a terceros, anunciando peligro inexistente», según lo que ha reseñado el portal de noticias brasileño O Globo.
«Este ‘incentivo’ al incumplimiento de una medida sanitaria obligatoria está subsumido en la conducta descrita en el artículo 286 del Código Penal, que tipifica el tipo penal de incitación al delito», ha detallado el cuerpo policial en el informe parcial. Bolsonaro desestimó el uso de las mascarillas, al decir que las víctimas de la gripe española murieron más por usar máscaras que por la enfermedad. En este sentido, la PF ha indicado que esta actuación puede considerarse como «incitación al delito».
El teniente coronel Mauro Barbosa Cid produjo esta información falsa, que fue difundida conscientemente por el Presidente. “Difundió, libre, voluntaria y conscientemente, información que no correspondía al texto original de su fuente, generando potencialmente una alarma de peligro inexistente para los televidentes, además de alentarlos a incumplir las normas sanitarias», es parte del texto.
Jair Bolsonaro y la polémica sobre el covid-19 Es de recordar que, tras estas declaraciones, el mandatario brasileño, quien se negó a vacunarse contra el coronavirus, sufrió la suspensión temporal de sus cuentas en las redes sociales Facebook y YouTube. Ahora, la Policía Federal ha solicitado autorización al ministro del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, para tomar testimonio a Bolsonaro y poder continuar con la investigación.
En el 2021, tras seis meses, la Comisión Parlamentaria de investigación (CPI), investigó el accionar del Gobierno brasileño durante la emergencia sanitaria.
Tras esto recomendó el 20 de octubre de ese año acusar al presidente Jair Bolsonaro y a otros funcionarios de ocho delitos, entre ellos “crímenes contra la humanidad”, epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias y charlatanería médica.
